La universidad cautiva (por la empresa)

Reseña publicada en BarraPunto sobre un artículo publicado por The Athlantic Monthly en 2000 titulado The Kept University:

The Athlantic Monthly, una clásica y prestigiosa publicación estadounidense, publica este mes un artículo titulado The Kept University. Sus autores, Eyal Press y Jennifer Washburn, analizan en profundidad la relación entre la industria y la Universidad en EE.UU. A través de numerosos ejemplos describen un panorama preocupante, en el que las compañías utilizan su dinero para determinar en qué áreas se investiga en las universidades, alterando de manera significativa el funcionamiento de los centros públicos y privados de investigación, y alejando a los que en ellos desarrollan su labor científica de las prácticas comúnmente aceptadas: búsqueda imparcial de la verdad mediante la publicación de resultados, crítica abierta y razonada, etc.


El caso de la firma suiza Novartis (antes Sandoz), que vertebra gran parte del artículo, es representativo del tipo de distorsiones causadas con la entrada de la industria en la Universidad: gracias a sus inversiones en el departamento de plantas y biología microbiana. de la Universidad del estado de California en Berkeley, llegó a sentar en el comité de investigación de 5 miembros que decide cómo se gasta el dinero el departamento a dos miembros representando a la empresa. Los departamentos menos apetitosos para la industria por la imposibilidad de patentar sus resultados de investigación, llegan incluso a desaparecer, como ocurrió en esa misma universidad. El caso Novartis ha creado un enfrentamiento serio entre los alumnos y el profesorado y personal administrativo del departamento "comprado" por Novartis por 25 millones de dólares.

Algunas de las prácticas repudiables que la llegada del dinero proveniente de financiación privada a las universidades está provocando son las siguientes: retraso de la publicación de artículos científicos para tener tiempo de patentar tecnologías sufragadas por la industria, prohibición a los investigadores de hablar sobre sus resultados con colegas, amenza a investigadores con posibles juicios si hacen públicos sus descubrimientos sobre posibles anomalías de técnicas o productos que pudieran influir negativamente en la cuenta de resultados de la industria que financia al investigador, alteración de los contenidos de las publicaciones científicas para que no resulten perjudiciales a la empresa, etc.

También las materias que estudian los alumnos están determinadas en muchos casos por la financiación de la empresa privada. Por ejemplo, en la Universidad George Mason de Virginia se adaptó el currículum siguiendo el dictado del gobernador del estado, quien urgió a la universidad para que formasen a alumnos que pudiesen luego engrosar las plantillas de las empresas de alta tecnología. Cabe preguntarse si esto es algo realmente repudiable o corresponde a una Universidad no alejada de la necesidad de la sociedad que la sostiene y a la que da sus frutos. En el caso relatado las áreas que sufrieron recortes fueron las de humanidades; otras universidades estadounidenses realizaron ajustes en sus currículums similares en los años 90.

No todo es negativo sin embargo. La relación entre Universidad y empresa ha permitido que EE.UU. sea líder en un sector como el de la biotecnología. El artículo estudia esta sinergia entre la investigación y la creación de industrias a las que se transfieren los resultados de la investigación. En algunos casos las universidades llegan a invertir su patrimonio en las empresas creadas para explotar tecnologías de sus propios investigadores, lo que de nuevo vuelve a plantear serios problemas de independencia, esta vez a nivel de toda la institución. La Universidad de Stanford está incluso creando marcas que explota comercialmente junto a empresas. Las marcas, a diferencia de las patentes, no expiran, y permiten obtener beneficios indefinidamente. El conflicto es claro: las universidades están exentas de pagar impuestos, pues se considera que éstas generan un bien público, difícil de conseguir por otros medios. Mas, si las propias universidades se convierten en organizaciones con ánimo de lucro, el propio objetivo del sistema universitario (avanzar el estado de la ciencia y generar conocimientos de los que toda la sociedad, y no sólo unos cuantos, pueda beneficiarse) peligra.

Estos conflictos evidentes han llegado a desencadenar situaciones dramáticas, como el caso del estudiante Peter Taborsky, encarcelado tras perder un juicio que le puso su propia Universidad, la universidad estatal del sur de Florida, y la empresa que patrocinaba parte de la investigación que Peter realizaba. El motivo: tanto la universidad como la compañía trataban de apropiarse de los hallazgos de Peter, de los que pretendían lucrarse en el futuro.

Una de las consecuencias de este desmadre es que las universidades están empezando a gastarse cantidades inmensas de dinero en despachos de abogados para proteger los hallazgos en ellas realizados. En algunos casos la factura pagada a abogados supera los ingresos obtenidos por las patentes por ellos defendidas.

El último aspecto tratado en el artículo es la comercialización en línea que están haciendo las universidades de los contenidos producidos por su profesorado. El mecanismo habitual consiste en ceder los derechos de propiedad intelectual a compañías privadas que comercializan los materiales docentes y pagan a cambio un canon a la universidad. En este caso las universidades se apropian indebidamente de los derechos de propiedad intelectual que detentan los profesores, lo cual es ilegal en EE.UU. Existe legislación que permite a las universidades patentar los descubrimientos de sus investigadores y compartir los beneficios generados, pero no hacerse con los derechos de propiedad intelectual de los materiales docentes producidos por los profesores. Éstos temen también que la explotación en línea de materiales docentes sea una forma de abaratar costes a las universidades, que prescinden de los puestos de trabajo de los docentes, y contratan a doctores en paro por bajos salarios para que diseñen materiales docentes para ser distribuidos a través de vídeos, redes de ordenadores, etc.